Defendamos una escuela pública

¿Tiene el Gobierno de la nación alguna responsabilidad en el mantenimiento de la escuela pública como factor de vertebración social y cultural del país? Una cosa es que las comunidades autónomas tengan un amplio margen en el desarrollo curricular de las enseñanzas y otra que puedan cambiar el carácter de la escuela pública convirtiéndola en subsidiaria de la privada concertada.
Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela "nacional", en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas "nacionalistas" , excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿

¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.

En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social.
¿Es esto asunto del Gobierno de la nación o no? El artículo 87 de la LOE dice que serán las "administraciones educativas" las que garantizarán la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo. La escuela pública en subsidiaria de la privada concertada.

La realidad demuestra en España que la red de escuelas concertadas es fundamentalmente una red de centros con ideario católico. Es decir, el Estado está abandonando la escuela pública en favor de la escuela confesional.El INE acaba de publicar una encuesta según la cual el 81% de los inmigrantes que trabajan legalmente en España y que tiene hijos prevé acogerse al reagrupamiento familiar. Quiere decirse que la escuela pública puede hacer frente en pocos años a la llegada de más de 500.000 menores extranjeros. ¿A qué espera el Gobierno para preparar a la sociedad y para obligar a reequilibrar las matriculaciones?.

Luego algunos dirán que el problema es la inmigración ilegal. El problema, como siempre, es la falta de seriedad a la hora de afrontar los derechos ciudadanos.